El PRD, ante la desgracia
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha guardado silencio ante los hechos registrados la semana pasada, en Coatzacoalcos, relacionados con la entrega de despensas y apoyos por parte de exservidores públicos de la administración estatal, a través de la asociación civil “Yúnete A.C.”. Si bien se trata de hechos que ya ameritaron acciones por parte del Gobierno del Estado, como el cese de tres funcionarios involucrados, el escándalo creció a través de las redes sociales, de donde saltó a los medios de comunicación, a tal grado que las instancias correspondientes en materia electoral ya se han pronunciado públicamente sobre el asunto. En este sentido, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República (PGR) anunció a principios de la semana que abrió una investigación de oficio por la entrega de despensas y apoyos a damnificados en el sur de Veracruz, realizada por la asociación civil “Yúnete A.C”. Ramsés Ruiz, director general de Consignaciones de la FEPADE, dijo que se abrió la carpeta de investigación por una posible violación a la Fracción III del artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, el cual establece que de resultar responsables los ahora exservidores públicos podrían hacerse acreedores a una pena “de doscientos a cuatrocientos días de multa y prisión de dos a nueve años”. El numeral de referencia también señala que se impondrá dicha sanción al servidor público que “destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado”. El pasado lunes, el Gobierno del Estado anunció el cese inmediato de los tres funcionarios públicos involucrados. Se trata de Rafael Jesús Abreu Ponce, ahora exdirector de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz en el municipio de Coatzacoalcos; Ricardo Cabrera Férez, delegado de Patrimonio del Estado en Xalapa, y Mauro Sánchez Pola, rector de la Universidad Tecnológica del Sureste en Nanchital. El asunto ha escalado en la entidad, pues por lo menos dos partidos políticos han presentado quejas ante el Órgano Público Local Electoral (OPLE), mientras que los dos senadores y los coordinadores priistas en el Congreso del Estado y de la diputación federal veracruzana en San Lázaro exigieron a la FEPADE el esclarecimiento de los hechos. Por lo anterior, llama la atención que el PRD no se haya pronunciado hasta el momento, para hacer un deslinde contundente con relación a este tipo de acciones que empañan el inicio del proceso electoral de 2018 y con el fin de solicitar que se blinde la entrega de apoyos de los programas sociales durante el proceso electoral, con la finalidad de que haya piso parejo para todos. Más aún, porque el partido es parte sustancial de la renovada alianza con el PAN y Movimiento Ciudadano a través del denominado Frente Ciudadano por México. Ahí es donde debe insistirse que el PRD no debe perder su capacidad crítica y de defensa de los intereses sociales —ante hechos tan lamentables como los fenómenos naturales que han azotado a la entidad en los últimos días—, no menos importante es de subrayar que su papel no debe ser el de sumisión o alienación, independientemente de la estructura gubernamental en la que se encuentre.
